IDECOAS - Encierran en El Pozo a 7 reos condenados por 3 crímenes de alto impacto

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Entre ellos están los 4 expolicías sentenciados por el crimen del hijo de la rectora de la Unah, anuncia el presidente Hernández.

También se envió a los acusados de los asesinatos de los abogados Gauggel y de Alfredo Landaverde.

87 reos de alta peligrosidad se encuentran recluidos en esa prisión localizada en Ilama (Santa Bárbara).

El presidente Juan Orlando Hernández anunció hoy el traslado a la cárcel de El Pozo, en Ilama (Santa Bárbara), de los reclusos sentenciados por los asesinatos de dos universitarios, uno de ellos el hijo de la rectora de la Unah; del exdiputado y exmagistrado Eduardo Gauggel y de su hijo, y del experto en lucha contra el narcotráfico Alfredo Landaverde.

El mandatario confirmó en conferencia de prensa el traslado de los siete reos, entre los que hay cuatro expolicías condenados por el crimen de los estudiantes.

“Estoy ordenando a Fusina (Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional) a que proceda a trasladar a la cárcel de El Pozo a los expolicías que asesinaron al hijo de la rectora Julieta Castellanos y de la señora Aurora Pineda; también en esta movilización (…) los asesinos del abogado Eduardo Gaugel y de su hijo estarán siendo trasladados de igual manera”, dijo el presidente Hernández.

Afirmó que “también he ordenado a Fusina que proceda al traslado a El Pozo del sicario que asesinó a don Alfredo Landaverde”.

El gobernante apuntó que suman 87 los reos de alta peligrosidad recluidos en El Pozo.

Los casos

Rafael Alejandro Vargas Castellanos (hijo de la rectora Julieta Castellanos) y Carlos David Pineda eran estudiantes de Sociología y Derecho, respectivamente, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), y fueron asesinados la madrugada del 22 de octubre de 2011.

Este crimen fue perpetrado por los exagentes de la Policía Nacional José Rubén Pozo, Wilson Roberto Cardona y Gabriel Donatilo Mancía Hernández, quienes fueron sentenciados en juicio oral y público a 58 años de prisión el 7 de abril de 2014.

Además, Santos Arnulfo Padilla Rodríguez, quien fue condenado a 66 años de cárcel, en virtud de haber sido la persona que disparó contra los jóvenes, de acuerdo al testimonio de sus mismos compañeros.

En el caso de los abogados Eduardo Gaugel Rivas y su hijo, Eduardo Gaugel Mejía, quienes fueron asesinados el 10 de abril de 2015, ayer martes un tribunal de justicia de San Pedro Sula condenó a 36 años y 8 meses de prisión a Gabriel Enrique Ponce y Fredy Mauricio Mejía Castellanos, mientras que otros dos involucrados andan prófugos.

Asimismo, fue enviado a El Pozo Marvin Noel Andino Mascareño, quien el 7 de abril de 2014 fue condenado a 22 años de cárcel por el asesinato de Alfredo Landaverde, cometido el 7 de diciembre de 2011.

Mensaje importante

El mandatario hondureño recordó que “en el primer caso, y como ustedes saben, estos expolicías juraron servir y proteger a la población, pero mancharon con sangre inocente el uniforme de la Policía Nacional al terminar con la vida de los jóvenes Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda, aquella triste madrugada del 22 de octubre de 2011”.

Además, detalló que los cuatro involucrados que fueron detenidos y procesados judicialmente, fueron condenados y recibieron “sentencias muy significativas 58 y 66 años de prisión, y son mensajes claros” de la justicia.

“Yo quiero dejar sentado también algo que es muy importante en términos de mensaje y del nuevo orden de cosas que estamos construyendo en el país”, expresó el titular del Ejecutivo ya que “estos casos se refieren a personas que cometieron actos violentos, delitos emblemáticos o de alto impacto”.

“El mensaje del Estado es claro: si van a El Pozo es porque también están siendo no solamente sentenciados, sino que van a cumplir su sentencia y condena de manera ejemplarizante”, expresó.

“Es bueno que todo el mundo sepa qué es lo que ocurre cuando este tipo de casos se dan y que va ocurrir de ahora en adelante”, advirtió el presidente Hernández.

“Yo les dije a ustedes hace unos días: va a haber un antes y un después en la historia de los centros penales de Honduras, de los centros carcelarios, como también podemos ver los casos que recientemente ha resuelto el Ministerio Público, ha judicializado y que han habido sentencias”, agregó el mandatario.

Reiteró que “a El Pozo no se va solo por estar sentenciado” y argumentó que si hay “personas que están detenidas en las cárceles y todavía no están sentenciadas y se encuentran evidencias que están ordenando desde allí, asesinatos, secuestros y extorsiones, ¿los va a dejar allí o los va a sacar para llevarlos a El Pozo?”.

“Esta es la construcción de un nuevo sistema carcelario. Hasta en las cárceles no tan aisladas los privados de libertad no tendrán accesos como las tenían en las cárceles anteriores”, advirtió.

Tránsito de drogas

Hernández también destacó que, después de la ofensiva llevada a cabo durante el primero y segundo año “contra las bandas de narcotraficantes y sus adláteres, el Estado ha logrado disminuir de manera importante el tránsito de droga por el país que va al Norte”.

“Eso se tradujo en una reducción significativa de lo que antes fue el 2011, un año tan difícil en términos de los homicidios por cada cien mil habitantes, y cómo en más de 30 puntos se ha disminuido esa cifra”, comparó.

“Pero también sabíamos a mediados del 2015, al finalizar el año 2015, que el tema de la extorsión venía con fuerza en la medida que habíamos atacado el otro flagelo del narcotráfico, porque la extorsión es llevada a cabo por maras y pandillas, por una estructura del crimen organizado que se caracteriza por un pleito de territorios y también por un pleito por ver quién destruye al otro”, señaló.

Es por eso, explicó el mandatario, que es “normal que existan hasta cierto punto reacciones violentas de la magnitud que hemos estado viendo el año anterior y a inicios de este año”.

Ni un paso atrás

El presidente Hernández advirtió, sin embargo, que el Gobierno “no va a retroceder un milímetro en esa lucha”.

“Es importante que el pueblo hondureño siga cada vez más dando información que ha permitido que la Fuerza Nacional Antiextorsión, que la DPI, Policía Militar y ATIC den golpes certeros, y esto no se detiene aquí”.

“Que a nadie se le ocurra pensar que va a quedar impune un acto criminal, quitándole la vida y el fruto de su trabajo honesto y honrado a un pulpero, a un transportista a alguien que está en un taller. Eso, para nosotros los hondureños, debe de significar un hasta aquí y que tenemos que ir con todo”, expresó.

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